La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a través de un comunicado, informó que continuará con los procesos de fiscalización sobre los casos “Petronoboa” y “Chalecos de las FF.AA.”. Estos casos están relacionados con millonarios perjuicios económicos al Estado y están siendo investigados en cumplimiento de las atribuciones de los asambleístas y comisiones especializadas.
En este marco, la comisión solicitó información a diversas autoridades y, en los próximos días, convocará a comparecer a los involucrados en el caso “Chalecos de las FF.AA.”. Entre los citados se encuentran el ministro de Defensa Nacional, el director de la Sercop y el Contralor General del Estado, entre otros.
Respecto al caso “Petronoboa”, se insistirá en la comparecencia de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, así como del director ejecutivo de la ARCH, la secretaria general de Integridad Pública y el director general del SRI, entre otros.
El comunicado también advirtió que, si alguna otra comisión intenta iniciar un proceso de fiscalización sobre estos casos, estaría incumpliendo el artículo 26 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto constituiría una falta grave según lo establecido en el artículo 170 numeral 4.
Los casos estarían relacionados con delitos como comercialización ilegal de combustible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y peculado, y deben ser investigados de manera responsable, indicó el comunicado.
Caso Petronoboa: denuncia de desvío de combustible subsidiado y perjuicio al Estado
El 6 de febrero, el excandidato presidencial Pedro Granja denunció en su cierre de campaña que la empresa Petronoboa S.A.S., vinculada al hermano del presidente, Santiago Noboa Azín, habría causado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano de alrededor de 4 millones de dólares por un presunto desvío de combustible subsidiado.
Casi dos semanas después, el caso fue llevado a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde fueron convocados Granja y funcionarios del gobierno, quienes se excusaron de participar en la sesión. En su intervención, Granja explicó que el caso se refiere a un posible desvío de combustible subsidiado a través de una gasolinera en la vía El Triunfo-Guayaquil, que fue adquirida por Petronoboa en enero de 2024.
Granja detalló que, mientras las gasolineras del sector compran un promedio de 300 mil galones de diésel a Petroecuador, la estación Río Verde de Petronoboa registró en 2024 una facturación de aproximadamente 4 millones de galones. Sin embargo, según Granja, Petroecuador solo despachó 90 mil galones de diésel a Petronoboa. Los más de dos millones de galones restantes, indicó, deben ser justificados por la empresa y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).
El excandidato también afirmó tener pruebas de que, desde su denuncia, el Servicio de Rentas Internas (SRI) anuló más de 6.800 facturas de Petronoboa relacionadas con la operación.
El caso Petronoboa se une a la investigación del denominado caso Triple A, que también indaga el presunto delito de comercialización irregular de combustibles, esta vez relacionado con Copedesa S.A., empresa vinculada a la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Caso Chalecos: denuncia de irregularidades en la adquisición de equipo para Fuerzas Armadas
El asambleísta Cristhian Vega, de Revolución Ciudadana por la provincia de El Oro, informó que su bancada presentó una notitia criminis ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adquisición de chalecos balísticos entregados a personal de las Fuerzas Armadas en Machala, en enero de 2025.
Vega señaló que existen documentos sensibles sobre la contratación de los chalecos, los cuales fueron ampliamente cubiertos en los medios locales, donde se agradecía la entrega de la indumentaria a los miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el legislador destacó que la empresa proveedora se encuentra registrada como contratista incumplido hasta el año 2029.
En el Sistema Oficial de Contratación Pública se verificó que la empresa figura en el apartado ‘Proveedores incumplidos y adjudicatarios fallidos reportados al Sercop’. La empresa ha sido catalogada como ‘Incumplido’ desde el 3 de diciembre de 2024 hasta el 2 de diciembre de 2029.