La adjudicación del campo petrolero Sacha, ha generado varias opiniones en contra de esta decisión gubernamental. Es así que este jueves 6 de marzo de 2025 llegaron denuncias de tipo penal y acciones de protección a la Fiscalía antepuestas por parte de la bancada de Revolución Ciudadana y la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Primero, se acercó la asambleísta Sofía Espín para levantar una denuncia por supuesto delito de tráfico de influencias y peculado existente en el proceso de cambio de operatividad en la explotación de este campo petrolero.
Espín, brindó declaraciones en las afueras de la institución y acompañada de varios compañeros del partido al que pertenece señaló que el Gobierno entregará a una empresa privada el 87,5% del petróleo ecuatoriano, mientras que nosotros recibiríamos únicamente el 12,5% de crudo nacional.
Además, aclaró que Petroecuador, empresa actual que maneja la explotación de petróleo en Sacha, está entregando el 100% de oro negro que extraen del campo.
Por otro lado, recalcó que el Estado ecuatoriano estría utilizando el acuerdo ministerial 040 en donde se contrapone a la Ley de Hidrocarburos y esto bloquearía la concesión de campos que se encuentran en producción.
Daniel Noboa en su defensa asegura que no se trata de privatizar instituciones públicas, sino, cambiar de delegación únicamente, misma que no ha sido oficializada hasta el momento.
En la carta dirigida a la ciudadanía que realizó el presidente Daniel Noboa, la noche del miércoles 5 de marzo, sobre la adjudicación del campo Sacha, aseguró que su gobierno prioriza la transparencia y el bienestar del país.
Noboa condicionó a Sinopetrol que debe desembolsar la prima hasta el 11 de marzo a las 21:00 caso contrario no se firmará el contrato.
Pues, la denuncia hecha por el correísmo estaría dirigida al Ejecutivo, la ministra de Energía, Inés Manzano y por ende a la empresa extranjera involucrada.
Por otro lado, quien se une a esta denuncia en contra del Estado es la Unión Nacional de Educadores que de igual manera presentó una acción de protección por la ejecución del contrato para cambiar de manos al campo Sacha.
Andrés Quishpe, presidente del sindicato junto con miembros de la UNE se dirigieron a la Unidad Judicial de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia, ubicada en el sector de la Mariscal.
Allí Quispe aseguró que el Gobierno pretende delegar las operaciones del campo sin que exista los respaldos adecuados como se estipula en la Constitución. Además, señaló que “en el caso que las resoluciones de los servidores públicos no sean sustentadas la Constitución señala que todo servidor público será debidamente sancionado”.
El representante de la UNE hace referencia, a que la ministra Manzano no habría entregado la debida documentación como dicta la normativa, es así que dentro de la Constitución se estipula que este proceso podría entrar en nulidad y falsificación ideológica. Lo que significa que la entrega del campo Sacha sería bajo una violación a la Constitución.
No obstante, el activista recalcó que el Presupuesto General del Estado está sostenido por recursos provenientes del petróleo, de minas, entre otros. Es decir, que al adjudicar este campo petrolero el Ecuador estaría perdiendo alrededor de USD 8 000 millones de dólares.
De acuerdo a estadísticas, el Campo Sacha es considerado como la “joya de la corona” debido al gran aporte petrolero que proporciona al país. Según informes, la producción promedio del año 2024 bordeó los77.000 barriles por día de crudo.