A pocos días del inicio de la campaña electoral para la segunda vuelta, la situación de la vicepresidenta Verónica Abad añade incertidumbre al tablero político nacional.
Este viernes 21 de marzo, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) definirá en última instancia si ratifica la sanción contra Abad: la suspensión de sus derechos políticos por dos años y una multa de 30 salarios básicos.
El juez Guillermo Ortega dictó la sentencia en primera instancia. Determinó que Abad incurrió en violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Según la acusación, la vicepresidenta buscó apartar a la funcionaria con insultos y ataques públicos.
La defensa de Abad apeló el fallo. Ahora el juez Joaquín Viteri debe presentar el proyecto de sentencia al Pleno del TCE, integrado por los cinco magistrados: Viteri, Ángel Torres, Fernando Muñoz, Ivonne Coloma y Richard González.
Abad intentó que Torres y Coloma fueran apartados del caso alegando «enemistad manifiesta» y «conflictos de interés», sin embargo, el TCE desestimó su solicitud.
Si el TCE ratifica la sanción, Abad perderá su investidura. En ese caso, el presidente Daniel Noboa deberá enviar una terna a la Asamblea Nacional para que se designe a su reemplazo.
Sobre este escenario, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en una entrevista con Teleamazonas aseguró que “el presidente actuará dentro de sus competencias, respetando la Constitución y las leyes”.
El funcionario añadió que “hay temas por definirse”, con respecto a si Verónica Abad podría o no relevar el cargo de la presidencia ya que, si Noboa se acoge a una licencia, deberá designar a un encargado temporal de la Presidencia.
La tensión aumenta a medida que se acerca la segunda vuelta del 13 de abril. El país observa con atención el desenlace en el TCE y las decisiones del Ejecutivo.