En Fiscalía, este 3 de abril de 2025, debían asistir los ministros de Energía, Inés Manzano y de Transporte, Roberto Luque, para que rindieran su versión sobre el proceso de adjudicación del campo petrolero Sacha. Sin embargo, los funcionarios no se presentaron en la entidad.
Quien estuvo presente fue el abogado, Washington Andrade, que es el encargado de impulsar esta investigación como coordinador de la Asamblea Permanente de Defensa de Patrimonio. El letrado instó en que dicha resolución sobre la adjudicación continúa vigente.
En una de sus declaraciones, Andrade mencionó que este jueves estaba señalada la fecha para que los funcionarios citados junto con la exministra de Energía, Andrea Arrobo, brinden información sobre todo lo que se conozca de dicha adjudicación.
Por otro lado, el jurista sostiene que este tema se está manejando en función a los tiempos electorales, lo que quiere decir que se está a la espera de los resultados del próximo 13 de abril, en donde se ejecutará la segunda vuelta electoral 2025.
La exfuncionaria Arrobo también fue llamada a procesos judiciales desde el mes de noviembre de 2023. Sin embargo, la entonces ministra, dejó el cargo en medio de acusaciones en su contra por sabotaje por parte del propio Gobierno de Daniel Noboa, en el contexto de la crisis energética, que el año pasado se produjo cortes de hasta 14 horas diarias.
Desde ese momento, Andrea Arrobo no se ha pronunciado públicamente a excepción de una carta que publicó en sus redes sociales mencionando supuestos chats en lo que, desde un principio, habría alertado al mandatario sobre la situación energética en el Ecuador.
No obstante, se está a la espera de un nuevo pronunciamiento de la exministra sobre la fallida adjudicación del campo Sacha.
Para el abogado a cargo del caso, la denuncia sobre Sacha señala irregularidades dentro del proceso de adjudicación, incluyendo fraude procesal y la elaboración de informes para que dicho contrato se concrete.
“La denuncia involucra una concurrencia de infracciones que tienen que ver con fraude procesal, creación artificiosa de informes para concretar la adjudicación y, potencialmente, se podría hablar de delincuencia organizada”, manifestó el letrado.
Finalmente, añadió que este proceso está dirigido en contra de todos quienes habrían participados en el proceso de adjudicación del campo petrolero, esto incluiría al presidente Daniel Noboa.