Este 8 de abril de 2025 concluye el periodo oficial de Diana Salazar como Fiscal General del Estado, tras asumir funciones en abril de 2019. Al momento el CPCCS debido a problemas internos no ha podido definir el reemplazo
Según el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial, puede extender su gestión hasta que se designe un nuevo fiscal. Sin embargo, la ley no la obliga a hacerlo.
De ahí que varias voces se han levantado para cuestionar la gestión de Salazar así como su visión ante la posibilidad de una prorroga de funciones. Una de las opiniones criticas la expresó la especialista en derecho internacional estratégico y derechos humanos, Sonia Vera en el programa “Primera Hora”.
Prorroga de Salazar:
Vera calificó esta figura legal como “un artilugio para prorrogarse en el cargo”. Afirmó que el respaldo institucional a Salazar revela una crisis de legitimidad. Y señaló que, para mantenerse en su cargo, ha incluido argumentos relacionados con su embarazo.
También recalcó que, a nivel internacional, la imagen de Salazar como Defensora de los Derechos Humanos ha sido ampliamente criticada. “Se han emitido cinco pronunciamientos del relator sobre independencia judicial, además de informes del Comité contra la Tortura y otros organismos internacionales que critican la falta de imparcialidad en el sistema judicial ecuatoriano”.
Indicó que se han producido siete pronunciamientos internacionales que cuestionan la falta de independencia judicial en su proceso. Además, Ecuador ha enfrentado más de 17 rechazos de boletas rojas de Interpol, lo que ha sido señalado como evidencia de persecución política.
El apoyo institucional que ha recibido Salazar ante estos señalamientos ha sido otro tema de debate. Para muchos, la falta de acción frente a estas acusaciones refleja una grave crisis de institucionalidad en el país.
Sin embargo, el jurista Jorge Luis Ortega señaló que la gestión de la fiscal es aceptable en comparación con la de otros fiscales generales recientes. “A juicio de algunos, no cabe duda de que su trabajo supera al de sus predecesores, como Galo Chiriboga, Paúl Pérez Reina, César Córdova y Carlos Baca”
En este sentido, se reconoce que, aunque la fiscalía ha cometido errores y enfrentados cuestionamientos, especialmente por la falta de rapidez y eficiencia en algunos casos, su gestión general es valorada de manera positiva.
¿debe seguir o no?
Para Vera, el hecho que Diana Salazar continue en su cargo es parte de un entramado para que se mantenga porque todo lo ocurrido en el Caso Ligados y demás postergación de cargos ha ayudado a que llegue este momento. Igualmente, señaló que tras haberse cuestionado el plagio académico “era el momento idóneo para que renuncie” pero no sucedió lo que refleja una inmadurez institucional en el Ecuador.
Ortega considera que, pese a que la ley no obliga a Salazar ni a su subrogante Wilson Toainga a seguir en funciones, el compromiso con el país debería motivarlos a continuar hasta que se designe a sus reemplazos. Advirtió que suspender procesos complejos por falta de liderazgo generaría más incertidumbre en medio de una crisis institucional latente.