La Cámara de Minería del Ecuador (CME) presentó este miércoles 9 de julio una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra de la reciente tasa de supervisión y control impuesta al sector minero. La medida es técnica, jurídica y económicamente inviable, afecta la fase de exploración y desincentiva la inversión formal en el país.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, explicó en rueda de prensa que la acción legal no busca confrontar al Gobierno, sino defender a una industria estratégica para el desarrollo nacional.
“Esta tasa debió construirse con criterios técnicos y con la participación de los actores involucrados” – señaló.
Desde el plano jurídico, el abogado constitucionalista Emilio Suárez argumentó que existen suficientes fundamentos legales para solicitar la suspensión de la norma.
“Para que la Corte Constitucional suspenda la aplicación de la norma y la priorice, a fin de evitar de perjuicios enormes a la industria” – afirmó.
A nivel económico, Santiago Caviedes, representante de Humboldt Management, advirtió que con esta tasa Ecuador se convierte en el país más caro de la región para la exploración minera.
“Es una señal equivocada para la inversión formal. Sin exploración, no habrá industria minera legal” – alertó.
Los gremios de pequeña minería también se pronunciaron. Óscar Loor, de la Cámara Nacional de Minería, afirmó que la medida “pone en peligro todas las operaciones de miles de mineros, en especial los de pequeña escala”.
Por su parte, Guillermo Godoy, de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, subrayó el impacto social de la medida: “Si estas operaciones se paralizan, el impacto humano será profundo y doloroso”.
El sector minero formal reiteró su apertura al diálogo y a una fiscalización responsable, proporcional y técnicamente sustentada. Asegurando que la minería legal no se opone al control, pero sí a medidas que desincentivan la formalidad y abren la puerta a la informalidad.