La polémica movilización del 12 de agosto, liderada por el presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional, sigue generando cuestionamientos. A seis días del evento, el Ejecutivo no ha informado de dónde provinieron los recursos para financiar la marcha, ni las vallas con los rostros de los jueces que fueron colocadas en distintos puntos de la capital.
En una rueda de prensa, la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, fue consultada sobre el financiamiento y respondió que esa tarea debería recaer en los medios de comunicación.
«El financiamiento y las movilizaciones que hayan provenido de parte de los ciudadanos eso tiene que investigarlo, en este caso, ustedes como periodistas».
Jaramillo también defendió la participación de los ministros que acudieron a la marcha, asegurando que lo hicieron en calidad personal y con permisos de vacaciones.
«El hecho de que la gente se haya manifestado, salido a las calles y haya manifestado una posición respecto de la Corte es un objetivo cumplido».
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, por su parte, se desmarcó de la polémica por las vallas contra los magistrados de la Corte, donde se les responsabilizaba de la violencia en el país.
«No tenemos ninguna campaña en contra de la Corte Constitucional».
Mientras tanto, el 25 y el 28 de agosto están previstas audiencias públicas por las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes suspendidas por la Corte Constitucional, lo que mantiene viva la tensión entre el Ejecutivo y el máximo organismo de control constitucional.