Un año ha pasado desde que Josué, Ismael, Steven y Nehemías, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos irregularmente por una patrulla militar en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil, cuando regresaban de jugar fútbol.
Horas después fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos, en un caso que estremeció al país.
Durante estos doce meses, sus familiares han recorrido audiencias, marchas y vigilias en busca de verdad.
Este lunes se reinstaló el juicio contra 17 militares —detenidos desde diciembre pasado— acusados del delito de desaparición forzada.
La causa entró en la fase final: los alegatos de cierre.
Organizaciones de derechos humanos acompañaron la jornada con actos solemnes en el sitio donde los niños fueron detenidos y en el parque donde jugaron por última vez.
Para estas organizaciones, el caso revela fallas profundas del Estado.
Según la Fundación Inredh, la muerte de los cuatro menores cumple con todos los elementos de una desaparición forzada.
La organización señala que, desde 2024, el Plan Fénix y el despliegue militar han derivado en al menos 33 casos similares en la Costa, especialmente en Esmeraldas, Los Ríos y El Oro.
Miembros de la Mesa de Solidaridad por los 4 de Las Malvinas cuestionaron el silencio del presidente Daniel Noboa y denunciaron intentos por criminalizar a los niños para justificar su aprehensión.
Las familias esperan que este aniversario marque un punto de inflexión.
Un año después, aún no conocen toda la verdad… ni llega la justicia para los cuatro niños de Las Malvinas.
