La disputa por el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, suma un nuevo capítulo. A pocas horas de que la Comisión de Fiscalización defina el cronograma para la práctica de pruebas, la bancada de la Revolución Ciudadana cuestionó la posibilidad de que la exfuncionaria enfrente el proceso únicamente mediante su equipo jurídico.
A través de un comunicado, el bloque legislativo rechazó esa estrategia y recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el funcionario sometido a juicio político debe ejercer personalmente su defensa, presentar sus pruebas de descargo y que los abogados únicamente pueden brindar asistencia técnica, sin reemplazar su responsabilidad política.
Los legisladores también solicitaron al presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, garantizar la presencia física de la exministra durante el proceso. Sostienen que quienes tomaron las decisiones deben responder directamente ante el país.
El juicio político fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa el pasado 24 de junio y fue impulsado por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna. La interpelación gira alrededor de presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Austral Technical Management para proyectos de generación eléctrica.