La tarde del 10 de julio, la Corte Nacional de Justicia debía revisar la sentencia contra María Colcha Palate por el asesinato del perro Spike. Colcha solicitó diferir la audiencia porque su defensa está en reposo médico.
La nueva fecha se anunciará según el calendario de la Sala Penal. Organismos de defensa animal, activistas y varios sectores sociales esperan que la apelación no prospere y se ratifique la sentencia.
El maltrato animal es una problemática social creciente en Ecuador y el mundo. Se busca generar conciencia y empatía hacia los animales mediante leyes que protejan su integridad y bienestar.
«Una sociedad que respeta a los animales es una sociedad donde todos están a salvo», afirman los defensores.
Antecedentes: «Caso Spike»
En agosto de 2023, se dio sentencia a tres años de cárcel a María Colcha Palate tras hallarla culpable del asesinato de Spike, un perro mestizo de Husky. La culpable del hecho habría atado al animal para posteriormente colgarlo hasta el punto de dejarlo morir.
La muerte del animal fue cruel debido a la agonía que sufrió en manos de María Colcha, conocida por haber matado a otros animales en circunstancias similares. En este caso, los agentes de la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Unidad de Bienestar Animal (UBA) realizaron el reconocimiento del cadáver.
El informe de necropsia fue elaborado por una institución privada. Y, determinó: que el animal murió por la comprensión de una soga lo que provocó la asfixia, colapso pulmonar y congestión generalizada de todos los órganos del cuerpo. Además, el parte veterinario determinó no haber hallado patologías previas a la muerte del perro.
El delito por el que se sentenció a Colcha está contemplado en el artículo 250.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “La persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.
Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”, afirma la ley.